La senadora radical Malena Baro presentó un proyecto de ley que aborda de forma integral la violencia familiar en la provincia de Buenos Aires mediante la entrega de un subsidio destinado a mujeres que no cuenten con recursos para sostener una denuncia judicial ni puedan atender temporalmente sus necesidades de sustento y manutención. Por otra parte, la norma le otorga la posibilidad de permanecer en hogares de tránsito para que cuenten con un espacio seguro de residencia, de atención psicosocial, legal y apoyo médico psicológico para la reorganización de su proyecto de vida.
Para la instrumentación de la norma, el proyecto prevé que la autoridad de aplicación y administración será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que podrá solicitar la afectación del 10 % de la suma mensual a otorgar al Programa ENVION (Programa de Responsabilidad Social Compartida) para garantizar su financiamiento.
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La mujer víctima de violencia que pretenda acceder al subsidio tendrá que acreditar residencia en el territorio bonaerense, tener conocimiento del juzgado interviniente y detentar el número de la causa obtenido al haber denunciado judicialmente a la persona que ha incurrido en toda acción, omisión o abuso que afecte la salud, la integridad física, psíquica, moral o sexual aunque no configure delito.
De esta forma, la subsidiaria no deberá poseer recursos para su manutención y la de sus hijos, si los hubiere, una vez que el Juez que entiende en la causa haya adoptado judicialmente la medida cautelar que ordene la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar y también se necesitará la declaración de la solicitante donde se haga constar los ingresos que perciba por cualquier concepto o la no percepción de los mismos y no haber recibido este subsidio con anterioridad.
En cuanto al acceso de las mujeres a los albergues el proyecto prevé que será por derivación del Juez competente en la causa y deberán acreditar carecer de recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda en alquiler o propiedad, y que el domicilio conyugal o en su defecto que el último lugar de residencia de la pareja en caso de haber sido concubinos, se encuentre habitado por el autor o generador de conductas violentas.
Al mismo tiempo no podrán poseer una vivienda en propiedad o en su defecto documentación acreditativa de las causas por las que la vivienda que se posee no puede ser ocupada (alquiler, usufructo, uso a favor de terceras personas u ocupación por el victimario) y que no existan en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires o en la localidad de residencia de la solicitante hogares de tránsito o casas de hospedaje para la atención de las víctimas de violencia familiar, o que en su defecto en estos no haya cupo.
La norma también prevé la asistencia de las mujeres a talleres de capacitación y oficios en los centros de contención con la finalidad de promover la capacitación necesaria y generar espacios de interacción con la comunidad, favoreciendo la inclusión social y su salida laboral.
En lo que respecta a la permanencia dentro de los hogares el proyecto establece un lapso de 6 meses desde la fecha de ingreso para cada mujer que ingrese con sus hijos. Este tiempo podrá ser ampliado si así lo evalúa el director del establecimiento conjuntamente con el equipo interdisciplinario, quienes deberán emitir un dictamen que será presentado de ser necesario al Ministerio de desarrollo social.
“Como mujer creo que es fundamental que las víctimas de la violencia doméstica, que en muchos casos no cuentan con la posibilidad económica de sostener un proceso judicial ni un lugar alternativo de residencia, porque es el mismo esposo o pareja el que las somete, puedan liberarse de esa situación y encuentren un marco normativo que las ampare”, explicó Baro sobre la iniciativa presentada.
“Este es un proyecto integral que busca no sólo la asistencia financiera necesaria en un primer momento, sino que da la oportunidad de que puedan rehacer sus vidas mediante cursos de capacitación laboral en los hogares de contención y un acompañamiento psicológico pleno que las sostiene emocionalmente”, consideró la legisladora radical.
“Lamentablemente en nuestro territorio es cada vez más común asistir a casos en donde las mujeres son víctimas de distintos abusos y es por eso que es necesario trabajar seriamente y a conciencia brindando herramientas al estado para que actúe en pos del beneficio de sus habitantes”, concluyó la senadora por Junín.
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